Si bien el Presidente Sebastian Piñera cumplió su compromiso de campaña y envió a trámite legislativo el proyecto de la elección directa de los consejeros regionales, el precio por esa democratización es muy alto para las regiones, ya que es un grave retroceso en la descentralización del país.
Hay que decir que lamentablemente este anuncio de proyecto de reforma a la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, (que pudiendo ser una gran noticia para las regiones), tal como ingresará al Congreso no se constituye en un gran avance en lo medular, por cuanto contiene un fortalecimiento del centralismo sin precedentes en el ámbito de las inversiones, que es la facultad más importante de la autonomía.
Es muy penoso que este anuncio sobre los gobiernos regionales, que pudo haber sido una potente señal en el mes de la Patria, se ha constituido en una amenaza para las regiones, y por lo mismo no vamos a descansar hasta que esto se conozca por parte de la comunidad nacional y se traspasen los costos políticos para quienes validen esta iniciativa.
Pretender que los proyectos del FNDR los resuelva el intendente, es decir, el delegado regional del Presidente de la República, en vez de los representantes de las regiones, que son los consejeros regionales es una bofetada a las regiones y no se puede aceptar.

Una forma de enmendar esta iniciativa es que el presidente del Consejo Regional (un core elegido por sus pares) sea quien tenga las facultades de inversión y no el Intendente, de lo contrario el futuro presidente del Core, solo será una figura protocolar y dirigirá las sesiones del pleno del Consejo.
Los consejeros elegidos por la comunidad mediante el voto popular, de acuerdo al proyecto presentado esta semana por el Presidente de la República, sólo podrán sancionar marcos presupuestarios. Esto es tan absurdo como si a los concejales se les quitara la facultad de aprobar las inversiones, como por ejemplo, no pudieran sancionar los planes de obras o las subvenciones, y en cambio solo tuvieran la responsabilidad de aprobar los marcos presupuestarios. Del mismo modo, es de imaginar que si los parlamentarios sólo quedaran con las facultades de aprobar la Ley de Presupuestos y las reformas constitucionales y no los proyectos de ley en general, que es la razón de ser del Congreso Nacional.

Espero que el Parlamento corrija este proyecto y no valide la propuesta del Ejecutivo, en cuanto a restarnos esa facultad, que es la esencia del cuerpo colegiado, no descartando concurrir al Tribunal Constitucional por esta medida concentradora de poderes en el Ejecutivo.
Por otra parte hay que decir que esta fórmula de restar facultades de inversiones, nunca fue parte de las conversaciones con el Ministerio del Interior o la Segpres, y por lo mismo que ha resultado sorpresivo.

En este cuestionamiento hay una mirada transversal, y tal como en su momento el ex subsecretario Francisco Vidal intentó poner en una reforma esta misma idea y la rechazamos colegiadamente, ahora actuaremos con la misma fuerza, ya que en política hay que actuar por convicciones. Es muy penoso que este anuncio sobre los gobiernos regionales, que pudo haber sido una potente señal en el mes de la Patria, se ha constituido en una amenaza para las regiones, y por lo mismo no vamos a descansar hasta que esto se conozca por parte de la comunidad nacional y se traspasen los costos políticos para quienes validen esta iniciativa, si este proyecto se aprueba tal como lo ha anunciado el gobierno.

Atentamente, Manuel Millones, Consejero Regional de la Región de Antofagasta.
Presidente de la Comisión Nacional Jurídica de los Consejos Regionales.